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NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE MULTA

Debe acreditarse el daño para el restablecimiento del derecho.

Cuando se declara la nulidad de un acto administrativo mediante el cual se impone una multa, es necesario que el demandante en el proceso demuestre los daños y perjuicios causados por la entidad estatal contratante, como lo es por ejemplo el pago de la multa o que la imposición de la misma creó, modificó o extinguió alguna situación jurídica a la demandante.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado reiterando que antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales carecían de competencia para imponer mediante acto administrativo sanción de multa por mora o incumplimiento del contratista, sin perjuicio del pacto de algún tipo de sanción pecuniaria por el incumplimiento contractual y de su imposición a cargo del juez del contrato por solicitud de la parte cumplida.

NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO

Revocatoria directa del acto particular.

El juez no sólo tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial de un contrato estatal, aun sin petición de parte, cuando esté demostrada en el proceso la causal prevista en la ley”. Sin embargo, es preciso indicar que esa atribución no desplaza el deber de estudiar la legalidad de los actos que le fueron puestos a consideración.

RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Diferencias con el incumplimiento contractual.

La ruptura del equilibrio financiero del contrato supone la alteración en la correlación y equivalencia en las prestaciones pactada al inicio de la suscripción del contrato, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que dentro de la relación contractual ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.

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