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SUÁREZ BELTRÁN & ASOCIADOS Abogados Consultores es una firma “boutique”, altamente especializada en contratación pública y comercial, habiendo tenido la oportunidad de prestar sus servicios durante los últimos 15 años a una gran variedad de entidades públicas y privadas.

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EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Contrato de arrendamiento.

Las causas de la ruptura del equilibrio financiero del contrato tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno no se haya originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir, precisamente, los riesgos del objeto contractual, en las cláusulas del negocio jurídico.

En ese sentido, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos son propios del álea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes al celebrar el acuerdo de voluntades.

COMUNICACIONES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No todos corresponden a un acto administrativo.

Si se produce una manifestación de la entidad pública contratante que no produzca efectos directos e inmediatos, el acto resultante configura un mero pronunciamiento administrativo carente de presunción de legitimidad y ejecutoriedad; o en otras palabras, tal pronunciamiento no puede ser considerado un acto administrativo sin que sea suficiente indicar que produce efectos jurídicos o que el mismo es jurídicamente relevante.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

En materia de Contratación Estatal.

La figura del silencio administrativo positivo no fue concebida por el legislador para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes, pues las actuaciones enmarcadas en él deben ajustarse al principio de legalidad y al principio de la buena fe.

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