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SUÁREZ BELTRÁN & ASOCIADOS Abogados Consultores es una firma “boutique”, altamente especializada en contratación pública y comercial, habiendo tenido la oportunidad de prestar sus servicios durante los últimos 15 años a una gran variedad de entidades públicas y privadas.

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noticias

 

CONTRATO DE TRANSACCIÓN

No tienen eficacia jurídica sino se cumplen sus requisitos.

Si en un contrato de transacción no se observa la existencia de concesiones recíprocas, en la medida en que una de las partes es quien sólo realiza una concesión en favor de la otra, tal acuerdo de voluntades no genera los efectos jurídicos establecidos por la ley para el referido contrato.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, indicando que jueces deben ser particularmente acucioso al momento de estudiar las excepciones que le propongan según las cuales entre las partes de un litigio se celebró una transacción pues, dados los efectos prácticos de la transacción, esto es, terminar un proceso judicial, puede ocurrir que, con el fin de salvaguardar su responsabilidad, una las partes del litigio haya pretendido dar apariencia de transacción a algo que no lo es.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Imposibilidad de condicionar adiciones a renuncias del contratista.

No es jurídicamente procedente que en la adición o modificación de un contrato estatal se incluya una estipulación que conlleve a la renuncia de algún derecho en cabeza del Contratista; como lo es, por ejemplo, renunciar a formular reclamaciones a la entidad contratante.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Gobierno Nacional actualizará las plantas de personal.

El Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 1800 de 2019 procedió a establecer unos mecanismos para mantener actualizadas y ampliar las plantas globales de empleo de las entidades del Estado y así mismo, crear una mesa de trabajo que tiene por objeto revisar la situación actual de diferentes plantas de personal, con el fin de mejorar las condiciones laborales de nuestros servidores públicos y evitar así la suscripción de contratos de prestación de servicios que no se ajustan a los parámetros de la contratación pública señalados en la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia de las Altas Cortes.

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