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SUÁREZ BELTRÁN & ASOCIADOS Abogados Consultores es una firma “boutique”, altamente especializada en contratación pública y comercial, habiendo tenido la oportunidad de prestar sus servicios durante los últimos 15 años a una gran variedad de entidades públicas y privadas.

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NADIE PUEDE VENIR CONTRA SUS PROPIOS ACTOS

No es procedente sostener que no se leyó lo que se estaba firmando.

No es de recibo sostener que el Contratista no se percató de la inclusión en un contrato adicional, otrosí, prórroga o suspensión de una manifestación de renuncia expresa a cualquier reclamación posterior, toda vez que todas las relaciones jurídicas contractuales exigen una diligencia mínima y de una lectura cuidadosa de los documentos que se suscriban, en especial si se trata de negocios jurídicos que pueden afectar sus derechos e intereses o comprometer su responsabilidad.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado indicando que no es posible alegar los propios errores, negligencias o ligerezas como sustento de una pretensión jurídica al tratar de dejar sin valor una previa manifestación de voluntad, con la inexcusable justificación de que, en realidad, el contratista no leyó lo que estaba firmando.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Y procedibilidad de la liquidación judicial.

Si al momento de presentarse una demanda de un contrato estatal aún no liquidado, y se elevó la pretensión de que lo fuera judicialmente, la competencia para llevar a cabo dicha actuación queda radicada en cabeza del juez; situación que no cambia por el hecho de que posteriormente la entidad pública hubiere procedido a liquidar unilateralmente el contrato a través de un acto administrativo.

CESIÓN DE CONTRATOS ESTATALES

Procedimiento por casos de corrupción.

La Corte Constitucional se pronunció en relación con la demanda contra algunas expresiones del artículo 6º y la totalidad del 8º de la Ley 2014 de 2019, la cual regula las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral del contrato por actos de corrupción. En su decisión la Corte consideró inexequible la atribución de facultades reglamentarias para el propósito de señalar cómo y a quién se va a ceder el contrato, pues tales asuntos deben ser definidos directamente por la ley.

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